Otras Áreas

Son los mecanismos que permiten resolver conflictos sin acudir a un proceso judicial ordinario, o resolviéndolo de forma más ágil. Los principales en Colombia son la conciliación, el arbitraje, la amigable composición y la transacción. Ofrecen, en muchos casos, mayor rapidez, confidencialidad y control de las partes sobre la solución.

La conciliación es un mecanismo en el que un tercero neutral, el conciliador, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo que resuelva su conflicto. El acuerdo conciliatorio se documenta en un acta que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, es decir, tiene efectos equivalentes a los de una sentencia.

En varios asuntos, la conciliación extrajudicial es un requisito de procedibilidad: debe intentarse antes de presentar la demanda. Esto ocurre, por ejemplo, en numerosos asuntos civiles, comerciales, de familia y contencioso administrativos. Su realización no obliga a llegar a un acuerdo, pero sí debe agotarse el intento.

El arbitraje, regulado por la Ley 1563 de 2012, es un mecanismo en el que las partes acuerdan que un tribunal de árbitros resuelva su controversia mediante un laudo arbitral, que tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. Suele convenir en conflictos comerciales de cierta complejidad o cuantía, por su especialidad y celeridad.

En la conciliación son las propias partes quienes construyen y aceptan la solución, con la ayuda del conciliador. En el arbitraje, en cambio, son los árbitros quienes deciden el conflicto mediante un laudo de obligatorio cumplimiento. La conciliación busca el acuerdo; el arbitraje produce una decisión.

Es el acuerdo mediante el cual las partes deciden someter al arbitraje las controversias que surjan o puedan surgir de una relación contractual. Suele incluirse como cláusula dentro de un contrato. Su correcta redacción es importante para evitar discusiones futuras sobre su validez o alcance.

Sí. Tanto el acta de conciliación como el laudo arbitral tienen efectos vinculantes: hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. Esto significa que, si una parte incumple lo acordado o lo decidido, la otra puede exigir su cumplimiento mediante un proceso ejecutivo.

Entre las principales ventajas están la mayor celeridad, la posibilidad de contar con terceros especializados en la materia, la confidencialidad, la reducción de la carga emocional del litigio y, en muchos casos, la preservación de la relación entre las partes. Además, descongestionan la administración de justicia.

Pueden resolverse los asuntos que sean transigibles, desistibles o conciliables, es decir, aquellos sobre los que las partes pueden disponer. No son susceptibles de estos mecanismos ciertos asuntos indisponibles o de orden público. Un abogado puede indicar si un conflicto concreto admite una solución alternativa.

Un abogado especializado evalúa cuál es el mecanismo más conveniente para cada conflicto, prepara y sustenta la posición de su cliente en la conciliación, lo representa en los trámites arbitrales, redacta cláusulas compromisorias y acuerdos sólidos, y vela por que la solución alcanzada proteja efectivamente sus intereses.